Inclusión: El desafío pedagógico de las aulas chilenas

De acuerdo con el último Estudio Nacional de la Discapacidad realizado por el SENADIS el año 2015, el 16,7% de la población en Chile se encuentra en situación de discapacidad, que equivale a 2 millones 836 mil 818 personas, considerando que el 13% se ubica entre los 2 y los 29 años, es decir, en etapa escolar y universitaria.

Abordar estas situaciones desde una mirada pedagógica es un tema que, si bien actualmente se encuentra mayormente actualizado, no siempre son de dominio público las medidas que se deben tomar para lograr objetivos establecidos por el sistema educativo con personas con capacidades diferentes, desde el contenido hasta las herramientas con las que deben contar los establecimientos educacionales.

Muchos estudiantes de nuestro país se ven enfrentados no solo a las dificultades comunes como responder ante los requerimientos de cada institución, sino que una gran cantidad de ellos cuentan, además, con enfermedades que dificultan estos procesos, como Déficit de Atención, Dislexia, Dificultad de aprendizaje, entre otras.

Es por esto que los académicos son los primeros que deben reconocer estas necesidades o trastornos del aprendizaje en el aula, según explicó Iván Cifuentes, docente de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Bernardo O’Higgins.

“Uno de los elementos principales para definir un aula como ‘inclusiva’ parte por una evaluación diagnostica, con el fin de identificar las competencias y dificultades de cada estudiante. Entonces, al ocurrir estos procesos de evaluación, evidentemente van a ser más notorias aquellas necesidades educativas especiales que pueden ser calificadas como una discapacidad o trastorno. Por lo tanto, el educador, desde esta etapa, puede empezar a tomar algunas medidas para satisfacer los requerimientos de cada alumno”.

A su vez, la experta en la materia, Loreto Ureta, Psicopedagoga y Educadora Diferencial de la Dirección de Formación Integral (DFI) de nuestra Casa de Estudios, destacó la importancia de que los académicos conozcan a sus estudiantes, aseverando que este no es un proceso fácil ya que “generar un aula inclusiva requiere de tiempo en el que el docente conozca a sus estudiantes, cuáles son sus características y, en base a eso, plantear situaciones de aprendizaje que sean desafiantes y que todos puedan participar de cada actividad”.

En Chile, según lo establecido por el Ministerio de Educación, la Ley de Inclusión N° 20.845 requiere que todos los establecimientos elaboren sus “planes de apoyo a la inclusión de manera que se logre desarrollar una educación libre de discriminaciones arbitrarias, en comunidades educativas que se constituyen como espacios de encuentro y aprendizaje de estudiantes de procedencias y condiciones diversas”.

Por ello, una de las principales tareas del educador es potenciar y generar un ambiente inclusivo y de aceptación en el aula, lo que se logra mediante “el respeto, que se implementa desde el discurso. Es clave tener presente que el lenguaje construye realidades y, de alguna manera, utilizar siempre un lenguaje inclusivo colabora con un buen clima. El ejemplo a su vez es primordial, tanto para los estudiantes como para los profesores, nosotros debemos dar fe de lo que pensamos y, si nos decimos inclusivos, debemos cuidar el lenguaje y actuar de una manera inclusiva”, manifestó Loreto Ureta.

No todos los caminos llevan a Roma

Música, actividad física, material didáctico, entre otras, son las opciones que han ido ganando terreno en las aulas chilenas a partir de los últimos años. Esto, producto de los diversos estudios que indican que potenciar los aprendizajes esperados a través de distintas técnicas tiene un mayor impacto en el estudiante promedio.

Pero dejando de lado los tradicionalismos de pizarra y plumón, es necesario implementar nuevas formas de evaluar los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes, apegándose de esta manera al concepto de “aula inclusiva”.

“Un aula debe contar con un equipo interdisciplinario de trabajo constituido por profesores, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, etc. Este grupo colaborativo va a tener como fruto principal una planificación diversificada, que tiene que ver con reconocer las diferentes formas de aprender de cada estudiante y las maneras de comunicar la información o lo que han aprendido. Por lo tanto, la evaluación tiene que estar íntimamente relacionada con esta planificación, de tal forma que la evaluación debe estar en función de sus propios procesos”, explicó el académico de la UBO, Iván Cifuentes.

La educación es un derecho social al que todo niño, independiente de su condición física, psicológica o monetaria, debe tener acceso, razón por lo que la inclusión se ha vuelto no solo un derecho sino también una responsabilidad de la cual, pese a todo lo implementado, nuestro país sigue en deuda.