En Chile, al igual que en muchas otras partes del mundo, diversas actividades económicas pagaron a sus trabajadores —durante el siglo XIX y comienzos del XX— mediante fichas o dinero de acuñación privada. Estas piezas no constituían moneda oficial, pero funcionaban como medio de pago dentro de determinadas empresas o establecimientos.

Las más conocidas son las fichas salitreras, utilizadas para remunerar a los trabajadores de las oficinas dedicadas a la explotación del salitre, tanto antes como después de la Guerra del Pacífico. Estas fichas se fabricaban habitualmente en ebonita, un tipo de plástico duro muy resistente, aunque también existieron emisiones en bronce, aluminio e incluso en materiales más frágiles, como cartón o cuero. Entre las numerosas compañías que emplearon este sistema, la que emitió mayor cantidad de fichas fue la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta.

Aunque las fichas salitreras son las más famosas, el uso de este tipo de dinero privado fue mucho más amplio. Existieron también fichas mineras, comunes en explotaciones de cobre, como las de Collahuasi, o en la minería del carbón, como las emitidas por la Compañía Carbonífera Schwager en Lota. Asimismo, este sistema se utilizó en haciendas y lecherías, como la Hacienda Federico Errázuriz o la Lechería San Vicente, así como en otros ámbitos productivos, entre ellos la industria ferroviaria y la actividad ballenera, como ocurrió con las fichas de la Sociedad Ballenera de Corral, en Valdivia.

Hacia fines del siglo XIX este sistema comenzó a recibir fuertes críticas, debido a que las fichas carecían de curso legal. En la práctica, los trabajadores solo podían utilizarlas en las pulperías, almacenes y servicios pertenecientes a la misma empresa que las emitía, a menudo a precios elevados y sin posibilidad de emplearlas en el resto del país. Con la aprobación de las primeras Leyes Sociales chilenas en 1924, durante el gobierno de Arturo Alessandri, se prohibió el pago de salarios mediante fichas o cualquier otro medio que no fuese moneda de curso legal. Esta prohibición quedó posteriormente reafirmada en el Código del Trabajo de 1931, promulgado durante el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo.